Hacienda recorta la paga extra a 75.000 pensionistas con deudas fiscales

La Dirección General de Tributos endurece su interpretación sobre los descuentos por embargos y aumenta las retenciones a miles de jubilados
Pensiones: ¿qué pensionistas se quedan sin la paga extra?

Unos 75.000 pensionistas han recibido hoy su paga extra con sorpresa incluida. Según describen fuentes de Seguridad Social, la prestación por jubilación pagada por la Tesorería General ha llegado con susto añadido que, en algunos casos, puede ser de cientos de euros debido a un cambio de criterio de la Dirección General de Tributos, dependiente de Hacienda, relativa a los descuentos por embargos ante deudas con la Agencia Tributaria. Ello afecta a jubilados con deudas pendientes con el Fisco.

Hasta ahora, Hacienda aplicaba menos retenciones a las pagas extra de los jubilados para cobrarse los importes por pagar. Sin embargo, desde hace años la Dirección General de Tributos, explican desde Hacienda, ha considerado que estos embargos se deben efectuar sobre «la totalidad de las pagas salariales», es decir, incluyendo las extraordinarias. Además afecta tanto a los nuevos pensionistas –así era hasta ahora– como a los antinguos. Esta interpretación ha recibido también el visto bueno de la Seguridad Social, y se ha comenzado a aplicar en la pensión extra de diciembre. Las retenciones han ascendido en algunos casos a 400 euros.

En una consulta vinculante reciente al organismo, admite que los descuentos por embargos se podrán detraer de pensiones mínimas en los casos correspondientes. Ello no afecta a las pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para las superiores al SMI, a la primera cuantía adicional se detraerá el 30% hasta que suponga el doble del SMI; para las superiores, cobrará el 50% hasta el umbral del triple del SMI; en los montantes que rebasen esta cantidad, retendrá el 60% hasta llegar a cantidades que supongan cuatro veces el SMI; para las superiores se aplicará un 75% mientras que para cantidades superiores a cinco veces el SMI, el porcentaje será del 90%.

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¿Qué pensionistas cobrarán hasta 400 euros menos en su paga extra de Navidad?

Hacienda cambia el criterio de retención para los pensionistas que tiene deudas

Cerca de 75.000 pensionistas cobrarán hasta 400 euros menos en su paga extra de Navidad. Este recorte responde a un cambio de criterio por parte de la Dirección General de Tributos para el descuento que se realiza de forma habitual a aquellos pensionistas que tienen deudas con Hacienda. Es decir, no afectará a los que estén al día con sus obligaciones tributarias.

¿A qué pensionistas recorta Hacienda la paga extra de Navidad?

La retención ya se aplicaba a los nuevos pensionistas, pero se ha extendido al resto de los que están sujetos a algún embargo. El recorte dependerá de la cuantía de la pensión, quedando libre aquellas que no superen el salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 950 euros brutos mensuales para 2020. Una vez se supere esa cifra, se aplica el 30% para los que su pensión no supere el doble del SMI (1.900 euros), el 50% para lo que cobren hasta tres veces el salario mínimo (2.850 euros), el 60% hasta el importe equivalente a cuatro SMI (3.800 euros), el 75% para los que tengan una pensión que no supere los (4.750 euros) y del 90% para el resto.

¿El recorte será igual todos los meses?

El importe ha aumentado este mes debido a que en los meses de paga extra (noviembre y junio) se estaba deduciendo menos importe de que correspondía a un grupo de pensionistas morosos, según explican desde la Seguridad Social. La retención a los que tienen deudas con Hacienda es mayor en noviembre por ser mes de paga extra, por lo que a partir de dieciembre no se aplicará, según indica Europa Press.

Es posible que ya haya visto este recorte en su paga extra. Aunque, la Seguirdad Social ordena el pago de la extra junto con la nómina de noviembre entre el 1 y 4 de diciembre, algunos los bancos suelen adelantarlo al 25 de noviembre.

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Hacienda recorta por sorpresa la paga extra a 75.000 pensionistas

La paga extra de alrededor de 75.000 pensionistas ha llegado con una sorpresa. El ingreso ha sido inferior hasta en 400 euros por un cambio de criterio de Hacienda, que ha endurecido los descuentos por embargos.

La paga extra recibida hoy por los pensionistas ha tenido una sorpresa desagradable para 75.000 de ellos. Su nómina procedente de la Tesorería de la Seguridad Social se ha visto recortada hasta en 400 euros debido a la aplicación estricta de los criterios de embargos del Ministerio de Hacienda, que ha empezado a ejecutar sobre el importe de la prestación.

El recorte aplicado a la extra responde a una iniciativa de la Dirección General de Tributos, que hasta ahora aplicaba las retenciones importes inferiores a los que ahora ha procedido a aplicar. Para la gran mayoría de estos pensionistas afectados, el cambio de criterio ha sido una sorpresa, si bien el pagador de la prestación, Seguridad Social, asegura que “están informando por carta”

“En los meses de paga extra se estaba deduciendo menos de lo que la dirección general de tributos dice ahora que hay que descontar. Así que los que tengan embargada parte de la pensión este mes, algunos, cobrarán menos“, explican en Seguridad Social.

El ministerio encargado de la gestión de las pensiones explica que la nueva política de embargos relacionada con las prestaciones está sujeta a las normas tributarias que marca Hacienda y que el recorte se aplica solo sobre la paga extra, por lo que en la correspondiente al mes de enero no se aplicará. Las mismas fuentes indican que los embargos no se aplican sobre pensiones de importe inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). . Nosotros aplicamos las normas tributarias”, explican.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda explica que se ha limitado a aplicar la norma que señala los límites de embargabilidad en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se aplican sobre la totalidad de las percepciones salariales, incluyendo también la paga extraordinaria. “Lo que ha sucedido en el mes de diciembre es la estricta aplicación legal del criterio mantenido en diversas consultas tributarias desde el año 2016 y por la propia Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en 2018”, indican fuentes del ministerio. Hacienda indica que el criterio de embargos ya se aplicaba sobre los nuevos pensionistas y lo que ha sucedido ahora es que se ha extendido al resto, evitando “tratos doscriminatorios”.

Los embargos son una diligencia que emite la Dirección General de Tributos y que ejecuta retiene después la Seguridad Social para ingresar la cantidad retenida en el Tesoro. Fuentes de Hacienda explicaron a Europa Press que diversas consultas emitidas por la Dirección General de Tributos en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 establecen que el criterio aplicado ahora fue refrendado por la propia Seguridad Social en 2018. La Seguridad Social, por su parte, explicó que este mes se ha aumentado el importe a descontar de la pensión debido a que en los meses de paga extra se estaba deduciendo menos importe del que correspondía a cierto grupo de pensionistas con embargos con Hacienda.

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La edad de jubilación

La edad de jubilación se ha retrasado hasta 65 años y seis meses desde el comienzo de 2018

La aplicación de la reforma de las pensiones sigue su curso mientras el Pacto de Toledo continúa, después de más de un año de trabajos, buscando fórmulas para asegurar el presente y futuro del sistema. La llegada de 2018 traerá un nuevo cambio en los requisitos para acceder a la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones que desde 2013 está obligando a trabajar más años y cobrar menos como fórmulas para sostener el sistema, que lucha por recuperarse de una crisis que acabó con 3,7 millones de empleos.

La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo de este año con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos los 65 años y seis meses. Hasta 2018, la edad de jubilación se ha incrementado un mes por cada ejercicio, para a partir de ahora aumentar en dos meses cada año hasta 2027.

Más activos, menos gasto

¿Qué ventajas tiene para el sistema público retrasar la edad jubilación? Por un lado, permite disponer de más población activa que, por un lado, financie las pensiones, y por otro, retrasar el cobro de la pensión. Es decir, si un trabajador sigue activo hasta los 67 años, son dos años más que aporta a la caja común, pero no consumiendo pensiones.

El retraso que se aprueba con carácter general tiene sus excepciones. Los trabajadores que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 36 años y seis meses o más. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses. La generación que se está jubilando ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar y con sueldos más bajos. También tendrán problemas las mujeres con lagunas de cotización.

21 años para el cálculo

En 2018 también cambian los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que queda fijado en 21 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde los 15 años a los 25 años. A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le va sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022.

Anticipada: 63 años y seis meses

Este año también ha traído modificaciones en la jubilación anticipada. La norma retrasa hasta 63 años y seis meses la edad para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que en paralelo a la legal de retiro podrá realizarse dos años antes también hasta 2027, cuando quedará establecida en el mínimo de 65 años. Además, para acceder a esta modalidad son necesarios al menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación la pensión sufrirá una penalización progresiva que irá desde el 2% de la base reguladora, si se han cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados.

Forzosa: 61 años y seis meses

En el caso de jubilación forzosa, podrá realizarse hasta cuatro años antes de la edad legal de retiro —en 2018, a los 61 años y seis—. Serán necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización irá desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados.

La ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT en febrero de 2011. La ley fue aprobada definitivamente en agosto de 2011, cuando algunas de sus disposiciones entraron en vigor, y otras lo hicieron en enero de 2012, si bien la puesta en marcha del grueso de la reforma, como la subida de la edad de jubilación, se estableció en el 1 de enero de 2013, con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Subida del 0,25%

Cambios normativos y nuevas cuantías para la pensiones en 2018. Desde el 1 de enero más de 8,5 millones de pensionistas han percibido un alza en sus rentas del 0,25%, el mínimo fijado por la ley de pensiones para épocas de crisis como la actual. El sistema está en números rojos desde 2011; un año después el Gobierno se vio obligado a abrir la «hucha» de las pensiones, a la que hoy solo le quedan 8.095 millones, menos de que se pagar por una extra a los jubilados. Los recursos del Fondo de Reserva han servido en los últimos seis años para pagar la extra a los pensionistas, y en el último ejercicido se ha consumido también un crédito del Tesoro a la Seguridad Social de 10.192 millones.

Adiós al IPC

Este será el quinto ejercicio en el que se aplicará el nuevo índice que incluye la reforma, aunque ya en 2014, por decisión del Gobierno, las pensiones dejaron de actualizarse con el IPC, tal como ocurría desde comienzos de los años noventa, y subieron también un 0,25%. En ejercicios anteriores la inflación interanual registrada en noviembre servía para ajustar el alza aplicada en enero con el fin de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. El coste generado por esas revalorizaciones, derivado de las desviaciones de la inflación respecto a las previsiones iniciales, provocó elevadas facturas adicionales para el sistema, lo que provocó el cambio en el método de cálculo, desligado de los precios.

Desterrada definitivamente la referencia de la inflación para subir las pensiones, desde el año 2016 se aplica el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones, un complejo indicador que tiene en cuenta diversos factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (la diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas que entran en el sistema), el número de pensiones, los ingresos contributivos y el gasto en pensiones.

Equilibro presupuestario

Estas modificaciones persiguen que la revalorización de las pensiones sea compatible con el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. Es decir, que periodos de crisis se compensarían con periodos de expansión de la actividad económica. Esta fórmula tiene dos límites: la revalorización mínima garantizada del 0,25% anual para evitar que en las malas épocas, como la actual, las pensiones bajen y una subida máxima del IPC más el 0,5% que se aplicará en épocas de bonanza económica. Por ejemplo, para una pensión de 1.000 euros —la cuantía media de las prestaciones por jubilación— el incremento en 2018 será de 2,5 euros mensuales. Y para la pensión mínima de jubilación, de 600 euros, el alza será de 1,5 euros.

Pérdida de poder adquisitivo

La aplicación del Índice de Revalorización acabó también con la paga que recibían los pensionistas para compensar la desviación del IPC que solía ser habitual en los años previos a la crisis. La nueva norma no tiene prevista la compensación por esta desviación de precios. Es decir, que si el IPC cierra el año por encima del 0,25% los jubilados perderán poder adquisitivo. Es lo que ocurrirá este ejercicio.

Evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo se convirtió en uno de los principales objetivos de la comisión del Pacto de Toledo. Pero la crisis política impactó de lleno en la comisión y no ha sido posible llegar aún a algún entendimiento que permita reformar el sistema.

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El riesgo de pobreza

El riesgo de pobreza en España amenaza a los pensionistas

A pesar la recuperación económica, el riesgo de pobreza en nuestro país todavía amenaza a un 21% de la población. Es cierto, que los datos mejoran en todos los grupos de edad hasta niveles del año 2013, pero hay un colectivo que no se libra de la amenaza, el de los mayores de 65 años.

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Ayudas a pensionistas

Ayudas de 525 euros al año a pensionistas en alquiler y sin vivienda propia

Los pensionistas que vivan de alquiler y sin casa en propiedad podrán tener una ayuda de 525 euros al año. Aquellos pensionistas que acrediten vivir de alquiler y no tengan una vivienda en propiedad podrán obtener 525 euros al año. Eso sí, el pensionista y el propietario de la ivienda en alquiler no pueden tener «relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal».

Los Presupuesto Generales del Estado entrarán en vigor a partir de mañana. En ellos, los pensionistas se verán beneficiados de una subida de la cuantía de sus retribuciones. Pero además de una subida del 3% para las mínimas y del 1,6% en general, algunos pensionistas también recibirán una pequeña ayuda extra al año, según la publicación realizada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, aquellos pensionistas que acrediten vivir de alquiler y no tengan una vivienda en propiedad podrán obtener 525 euros al año. Eso sí, el pensionista y el propietario de la ivienda en alquiler no pueden tener «relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal».

La norma también establece que «en el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos».

Además, no todos los pensionistas podrán optar a esta ayuda. Así, según establece el documento publicado en el BOE, este complemento está limitado a las pensiones no contributivas, es decir, aquellas cuyos pensionistas no han alcanzado el mínimo de la Seguridad Social o que tengan sufran una invalidez.

Las normas para el recooncimiento de este complemento serán las establecidas en el Real Decreto 1191/2012, del 3 de agosto que se publicó en el BOE, que son:

a) Tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud y en la fecha de resolución.

b) Carecer de vivienda en propiedad.

c) Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda.

d) No tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado, ni constituir con aquél una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal.

e) Tener fijada su residencia, como domicilio habitual, en una vivienda alquilada. Se entenderá que es el domicilio habitual cuando la vigencia del contrato de arrendamiento no sea inferior a un año y el pensionista haya residido en la misma durante los 180 días inmediatamente anteriores.

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El gasto en pensiones

El gasto en pensiones crece casi un 3% en julio y alcanza un nuevo récord, con 9.032 millones

La pensión media de jubilación alcanza los 1.084,64 euros

La Seguridad Social destinó en el presente mes de julio la cifra récord de 9.032,4 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 2,98% más que en el mismo mes de 2017, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual en la antesala de la crisis (2008). Tras dos meses creciendo por encima del 3%, el ritmo de crecimiento del gasto se moderó en abril hasta el 2,9%, aunque en mayo y junio volvió a subir al 3%. Ahora, en julio, se ha vuelto a bajar del 3%, aunque por poco.

La mayor parte de los 9.032 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.433,5 millones de euros (+3,73%), seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.546,9 millones de euros (+1,27%).

A partir del próximo 1 de agosto, algunas pensiones de viudedad, en torno a medio millón, las más bajas, aumentarán más de un 7% como consecuencia de la subida de la base reguladora del 52% al 56%.

Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron 897,8 millones de euros (+1,02%), las de orfandad supusieron 131,2 millones de euros (+1,03%) y las pensiones en favor de familiares totalizaron casi 22,8 millones de euros (+4%).

El número de pensiones avanzó en julio un 1,13% respecto al mismo mes de 2017, hasta 9.629.489 pensiones, nuevo récord del sistema. En términos mensuales, el número de pensiones se incrementó en 15.848 respecto al mes de junio de 2017, un 0,16% más.

Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 30 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.

Del total de pensiones, más de la mitad, 5.931.467, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,77% respecto a julio de 2017, mientras que 2.360.997 eran pensiones de viudedad (-0,02%), 953.837 de incapacidad permanente (+0,5%), 341.314 de orfandad (-0,3%), y 41.874 a favor de familiares (+2,49%).

Pensión media sube un 1,9%

La pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.084,64 euros mensuales, un 1,92% más que en igual mes de 2017.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en julio en 938 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,83%.

En concreto, la pensión media de viudedad se situó en el séptimo mes del año en 655,22 euros mensuales, un 1,29% más que en igual mes del año pasado, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 941,33 euros mensuales, con un incremento interanual del 0,52%.

Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 384,6 euros mensuales, un 1,33% más que en julio de 2017, mientras que la de a favor de familiares se situó en 544,46 euros al mes, con un repunte del 1,53%.

La edad media del pensionista contributivo es de 72 años (73 en las mujeres y 70 en los varones). La mayor parte de las pensiones contributivas que paga la Seguridad Social se concentran en los tramos de mayor edad, dado que el grueso de las pensiones son de jubilación.

Así, se contabilizan más de 1,7 millones de pensiones contributivas en el tramo de 65 a 69 años y en el de 70 a 74 años; casi 1,6 millones en el de 85 y más años; cerca de 1,3 millones en el de 80 a 84 años, y más de 1,3 millones en el de 75 a 79 años.

Por sexos, el 51,5% de las pensiones contributivas del sistema (4.964.914) las reciben mujeres, frente a 4.664.451 pensiones percibidas por varones (48,5%).

La pensión media de jubilación percibida por mujeres alcanzó en julio la cuantía de 806,48 euros, en contraste con los 1.254,96 euros mensuales que reciben de media los varones. La brecha entre ambos sexos, en valores absolutos, es de casi 450 euros.

De las más de 9,62 millones pensiones contributivas existentes en julio, una de cada cuatro (el 24,7%, casi 2,4 millones de pensiones) reciben complemento a mínimos. De ellas, el 44,7% son pensiones de jubilación; el 30,7% de viudedad; el 12,3% de jubilación procedente de incapacidad; el 6,5% de orfandad; el 4,6% de incapacidad permanente, y el 0,9% a favor de familiares.

A ello hay que añadir 1.328 pensiones del SOVI que reciben mínimos y que representan únicamente el 0,4% del total de pensiones contributivas.

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Los autónomos y jubilación

Solo el autónomo titular puede actuar como empleador de los trabajadores por cuenta ajena a su servicio.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ha emitido un criterio por el que se establece que el contrato por cuenta ajena que debe formalizar el pensionista que quiera compatibilizar el 100% de la cuantía de la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia debe enmarcarse en la actividad que dé lugar a su alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA).

Según el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los trabajadores que quieran solicitar la compatibilidad entre trabajo por cuenta propia y el 100% de su pensión de jubilación deberán estar en situación de alta en el RETA y acreditar tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. Esta medida no se aplicará a los pensionistas de jubilación incluidos en el RETA por su condición de consejero, administrador, socio o comunero de sociedades, al no tener la condición de empresarios.

Familiares colaboradores

En el caso de que el autónomo contrate a un familiar colaborador para acogerse a la compatibilidad plena con la pensión de jubilación, aquél deberá tener la condición de trabajador por cuenta ajena.

En ningún caso podrá beneficiarse de la compatibilidad del trabajo por cuenta propia con el 100 por cien de la pensión de jubilación el familiar colaborador incluido en el RETA, ya que solo el autónomo titular puede actuar como empleador de los trabajadores por cuenta ajena a su servicio.

Este criterio modifica otro anterior en el que se daba validez a la posibilidad de que el contrato fuera de una persona encuadrada en el Sistema Especial de Empleados de Hogar.

La aprobación de este criterio, que ha entrado en vigor, no supondrá una revisión de las compatibilidades ya reconocidas

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LAS LIMOSNAS

La limosna es un dinero que se da a los pobres, mendigos, etc. a cambio de nada. Cuando se da a la iglesia tiene valor de ofrenda.En la mayoría de las religiones la limosna es considerada como una ofrenda a Dios. Sirve para liberar del pecado y para compensar nuestras malas acciones, y evitar así remordimientos de conciencia.

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